La criba en Vodafone ya ha comenzado. Según ha sabido ARNdigital, son muchos los trabajadores que no continuarán ligados a Vodafone España a partir del 1 de abril. Su contrato finaliza el 31 de marzo, coincidiendo con el cierre de año fiscal inglés, por el que se rige la compañía. Se trata, principalmente, de agentes y distribuidores que denunciaron la situación a la que la compañía telefónica les sometía, con irregularidades en los pagos de comisiones.
Como avanzó ARNdigital, la intención de la compañía era deshacerse de los trabajadores aprovechando el fin de año fiscal, y presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el resto de la plantilla, que se recoge en el
nuevo convenio de la teleoperadora.
Se cumple así el temor de muchos trabajadores y de los sindicatos, que una semana antes decían que “de esta forma la compañía no hablará de despidos, sino de finalización de colaboración”. Algo que suena mejor.
Recortar 20.000 millones de gasto
La solución de la multinacional ante sus problemas de liquidez pasan por recortar 20.000 millones de gasto en los próximos años para hacer frente a la exigencia europea de reducir en un 75% los precios de terminación, lo que afectaría directamente a la plantilla. Dificil tarea ya que el último año Vodafone facturó en España 6.000 millones.
Según el acuerdo al que han llegado con los sindicatos, Vodafone establece una suspensión temporal de empleo y sueldo de dos semanas a sus trabajadores. Además de esta irrupción de la relación laboral, los empleados sufrirán una reducción salarial del 10%, así como una reducción del 4% de los incentivos.
Excusas para no renovar contratos
En el caso de los distribuidores y de los franquiciados, la empresa se excusa en supuestos incumplimientos del contrato para justificar su expiración. Vodafone aumentó unilateralmente los objetivos de venta para los distribuidores, exigiendo a los minoristas un volumen de venta de los mayoristas. De esta manera, y argumentando incumplimiento, la empresa se exime de pagar la indemnización correspondiente por la finalización de relaciones laborales.
Los distribuidores y franquiciados que más miedo tienen son los considerados problemáticos para la compañía. Son los que han interpuesto quejas y los que se han atrevido a denunciar a Vodafone por irregularidades en el pago de las comisiones mensuales. Una batalla con varios procesos abiertos y que podría desembocar en una denuncia colectiva con implicaciones millonarias.
Según los cálculos realizados, y como contó ARNdigital, la operadora estaría pagando una media de entre 3.000 y 5.000 euros de menos a cada punto de venta por irregularidades en la denominada ‘autofactura’. Un dinero con el que la compañía se autofinancia y que
ha dejado en la ruina a muchos de los empresarios que trabajaban para Vodafone. Otros, se han arruinado al no poder soportar los costes judiciales. Aún así, la empresa ya
ha ofrecido a varios de ellos un acuerdo a la baja con el que intenta comprar su silencio.
Otra de las excusas para no renovar los contratos tendría que ver con la venta de los terminales Blackberry, por los que Vodafone recibe una comisión de la empresa RIM cada vez que son activados. Estos terminales son sensiblemente más baratos para el distribuidor, que los adquiere a 40 euros. Pero Vodafone no ha percibido todas las comisiones que esperaba ya que muchas de las Blackberry vendidas no son activadas, sino que acaban exportadas o en manos de operadores virtuales, que son los que lo activan y se llevan la comisión. Aunque las ventas sean las esperadas, con esta excusa, Vodafone vuelve a alegar incumplimiento de objetivos.
Nuevas reglas: más fácil recortar
El presidente de la compañía confirmaba recientemente las negociaciones con los sindicatos. Francisco Román negaba la intención de despedir trabajadores, aunque jugaba al despiste y dejaba la puerta abierta a reducir puestos de trabajo, ya sea directa o indirectamente. Entonces se hablaba de despedir al 10% de la plantilla. Ahora, aunque se deja de contar con trabajadores, el ERE presentado no contempla el despido del personal de plantilla. Se compromete a mantener sus puestos durante un año, pero cambia las reglas de juego.
El nuevo convenio tendrá una duración de un año prorrogable a dos “si ninguna de las dos partes lo denuncia”. De esta manera, será más fácil cambiar las condiciones o recortar según las necesidades de la empresa. Vodafone se compromete a no externalizar durante el primer año, que era uno de los temores de los sindicatos, pero podría hacerlo en 2013, año que se prevé duro para las cuentas de la compañía. Como el resto de operadoras,
tendrá que cumplir las exigencias de Bruselas y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), lo que haría ganar cerca de un 75% menos a la compañía a partir de 2014.
Aunque el ERE presentado por Vodafone es de carácter temporal, parece que la reducción salarial será permanente. Se supone que el segundo año se volverá a revisar si los resultados de la empresa son satisfactorios. Una trampa cuando la empresa sabe que afrontará un crecimiento negativo o pérdidas.