Las cajas rurales se mantienen al margen de la crisis del sistema financiero 

Una caja rural, una de esa pequeñas cajas que juntas suponen el 5% del sistema financiero, con oficinas en pueblos pequeños a los que a veces no llega el autobús de línea, de esas a las que los políticos no prestaban mucha atención por su pequeño tamaño y que han resistido con nota la crisis y la burbuja inmobiliaria: no han dado sustos, no han dado morosidad, no ha caído ninguna, no ha habido que nacionalizarlas.

“Las cajas rurales no han tenido líos, entre otras cosas, por su limitación legal. Se trata de cooperativas de crédito donde el 50% de los préstamos debe ir a sus socios”, asegura Juan Fernando Robles, profesor del Centro de Estudios Financieros. Sus socios pertenecen al sector primario. A la agricultura, la ganadería y la pesca. Unos sectores que, como todos en la economía española, se han visto afectados por la crisis, pero no tocados por ella. Han resistido bien. Sin problemas de liquidez, sin problemas de impagos.

El 50% del crédito puede disponerse libremente. Puede ir, por ejemplo, a promotores de vivienda, como hicieron sus hermanas mayores, las cajas. Pero no lo hicieron. Entre las 76 entidades vinculadas al sector primario hay algunas que concedieron a ese negocio en torno al 10% de sus préstamos, otras prácticamente nada. Ninguna proporciones estridentes. “No se ha producido ninguna situación así porque hemos sido conservadores en nuestro negocio, en el mejor sentido de la palabra”, explica Raúl Lorenzo, secretario general de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR).

“Pero no somos tan buenos como se dice ahora, que el ‘Financial Times’ nos puso como la excepción del sistema financiero español, ni somos tan malos como cuando se nos criticaba por no tener más beneficios que otras entidades de tamaño similar. Hemos sido fieles al modelo de negocio, a nuestros principios. Hemos hecho lo que sabían hacer nuestros mayores”. Por eso y porque el tamaño “no daba de sí”, como admite Lorenzo: no había dinero para operaciones millonarias. Las cajas rurales son pequeñas. La caja de Algamesí, en Valencia, o la de Fuentepelayo, en Segovia, no pueden dar mucho de sí.

“Acabarán fusionadas en dos grandes grupos”, opina Robles: “Tienen que hacerlo. No ya por tamaño, no porque tengan problemas o no. Lo tendrán que hacer por otra serie de factores que también llevan a las entidades a fusionarse: por la evolución de la tecnología que tendrán que implantar, por la facilidad para acceder a los mercados… la práctica les llevará a integrarse entre ellos”. De momento, están polarizadas en dos grupos. De un lado está Cajas Rurales Unidas, 22 entidades fusionadas y con el 44% del negocio de este tipo de cooperativas. Ahí está Cajamar, la más grande de todas, y la que engloba a gran parte de las valencianas: Cajas Rurales del Mediterráneo.

Por otro lado se encuentra la AECR de Lorenzo, cuyas asociadas dieron un beneficio conjunto el pasado año de 180 millones. Sus 54 integrantes no están todas fusionadas entre sí, como en la otra, pero sí se están creando dentro de ellas entidades resultantes de uniones, como Grupo Ibérico, o sea, Caja Rural de Córdoba, la de Extremadura y la del Sur.

“Se ha pensado en uniones, en fusiones, y hubo un momento en el que se presionó mucho para que se dieran”, acepta Lorenzo, “pero la experiencia de las cajas ha hecho que ya no se insista en esa idea. Se ha visto que cuanto más grande, más ambición y por lo tanto puedes cometer los mismo errores. Además, pierdes proximidad, como le pasó a Cajamar, y ese es uno de los motivos del buen funcionamiento: estás en el terreno, conoces a la gente, los negocios. Eso gusta. De hecho, estamos recibiendo clientes que proceden de cajas fusionadas y que los clientes ya no perciben tan suyas, tan cercanas”.

De momento, en la AECR, salvo consolidar balances, se funciona como si fueran una misma entidad: pueden utilizar unas mismas estructuras, ahorran costes y no diluyen su poder en otra entidad superior. Un poder que está en manos de sus socios, no en las de políticos o gestores nombrados por políticos, una de las particularidades de su legislación. La misma que les ha ayudado a salvar la burbuja inmobiliaria, junto con sus principios mercantiles y el tamaño.