La unión fiscal europea obligaría a modificar el Concierto Económico y quizá el Estatuto de Autonomía del País Vasco

Las relaciones fiscales de esta comunidad autónoma con el Estado central se basan en el llamado Concierto Económico, que ha convivido, aunque con altibajos, con todo tipo de regímenes políticos durante más de un siglo. Por medio de este sistema, que también ha sido implantado de forma similar en Navarra, las tres Diputaciones forales vascas tienen capacidad normativa para regular los impuestos y autonomía para gestionarlos y recaudarlos.

A cambio de esto, tienen que pagar ‘cupos’ al Estado, con los que se sufragan las competencias que no les han sido transferidas, como podría ser el caso de la Defensa o las Relaciones Exteriores, y que ascenderá en 2012 a unos 546 millones de euros. Las tres Haciendas forales han recaudado en los seis primeros meses del año 4.272 millones.

Autonomía recaudatoria y cláusulas forales

El ‘blindaje’ que en 2010 le proporcionaron las Cortes Generales al Concierto vasco hace que las normas tributarias forales únicamente puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido la autonomía de las Diputaciones vascas para fijar un impuesto de sociedades diferente al resto de España. Así, mientras que en el resto del Estado se tributa a un tipo general de gravamen del 30%, en el País Vasco éste es del 28%. Pero esa autonomía tiene un límite, y así lo ha establecido la propia UE, al declarar ilegales las conocidas como ‘vacaciones fiscales’, es decir, los incentivos ofrecidos a varias empresas para que se radicasen en territorio vasco.

Además, las cláusulas de salvaguarda contenidas en los conciertos y convenios vasco y navarro garantizarían, al menos en teoría, que la aplicación de las disposiciones de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria del Estado respetasen la normativa foral. No sucede así con la deuda pública, cuyo volumen se establece en coordinación con el Gobierno. Eso ha permitido al Ministerio de Hacienda fijar un máximo de endeudamiento para el País Vasco en 2012 equivalente al 10,19% de su PIB.

Sin embargo, este modelo podría verse alterado si, como señala Manuel Redal, consejero del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), la unión fiscal europea se implanta finalmente dentro de unos tres o cuatro años, causando unos problemas que no se producirían en el caso de los regímenes de Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla.

Defender la soberanía

El catedrático de Economía José Ramón de Espínola explica que el proyecto de unión fiscal comprendería la creación de una serie de órganos supranacionales como serían un ‘ministerio europeo de finanzas’ y un ‘tesoro europeo’, que actuarían conjuntamente con el Banco Central Europeo. Dicha unión estaría basada en los principios del federalismo fiscal, que preconiza el control del déficit de los Estados o regiones a través de un organismo competente para ello. Este mecanismo sería idóneo para vigilar el cumplimiento de la ‘regla de oro’ de la estabilidad presupuestaria. Por ello, no es de extrañar que entre los principales defensores de la idea de la unión fiscal se encuentren el Gobierno alemán y el Bundesbank.

En un artículo publicado en el diario Deia, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, asegura que la unión fiscal supondría restringir la soberanía de los países miembros. Si bien afirma que en teoría esto “no supondría un obstáculo” para los poderes tributarios vascos, por otro lado no ha dudado en reclamar que éstos “sigan equiparándose” a los de los Estados de la Unión.

Por el contrario, para el secretario general del Partido Socialista Valenciano, Ximo Puig, los fueros vascos y navarro “tienen que combinarse con la financiación adecuada del resto de comunidades”, ya que, a su juicio, en esta materia “no puede haber privilegios”.

Lo que se espera desde el PNV es que, al igual que el Gobierno aceptó incluir las cláusulas de salvaguarda forales en la Ley de Estabilidad, la UE no se oponga al mantenimiento del Concierto en las actuales condiciones. Algo en lo que también coincide el Gobierno vasco. Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que, como ha sucedido anteriormente, llevarán a cabo “una defensa a ultranza” de las normas forales, que, subrayan, son “leyes pactadas con el Estado”.

Modificar el Concierto, y quizás, el Estatuto

Algunos especialistas opinan que sería posible que tuviera que llevarse a cabo una modificación del Concierto, e incluso, del Estatuto de Autonomía del País Vasco para implementar las medidas que estableciese el ‘ministerio de finanzas’ europeo.

Uno de los principales motivos de estos cambios sería la creación un único tipo en el impuesto de sociedades para toda la UE, lo que pondría fin a la excepcionalidad vasca. Precisamente, el pasado mes de marzo la Comisión Europea aprobó la creación de un impuesto de sociedades armonizado, que implicaría que las empresas liquidasen sus obligaciones ante un solo Estado.

El Estatuto especifica que esto sería una competencia de las Diputaciones vascas, puesto que, como recuerda en su página web la asociación Ad Concordiam, dedicada a la divulgación de materias sobre la fiscalidad foral, el impuesto de sociedades es “un tributo concertado de normativa autónoma”, y las entidades forales podrían regularlo sin ninguna limitación. Si se quisiera convertir el impuesto de sociedades en un “tributo de normativa común”, como es el caso del IVA –es decir, concertado con el Estado–, posiblemente hubiese que cambiar la ley por la que se rige el Concierto.

También habría que analizar cómo se podría adaptar ese sistema a las posibles disposiciones que se adoptasen desde Bruselas sobre la limitación del déficit público de las provincias vascas, algo que no está recogido en la normativa foral, que únicamente regula las relaciones con el Estado. Asimismo, sería necesario ver cuál sería el papel que jugaría el Gobierno de Madrid. De tener que incluirse alguna modificación en el texto del Estatuto, ésta tendría que ser aprobada, en primer lugar, por parte del Parlamento vasco, por mayoría absoluta; después, por las Cortes Generales, a través de una ley orgánica; y, finalmente, ser sometida a un referéndum.

Las demás regiones

Para Redal, cambiar tanto el Concierto como el Estatuto requeriría un proceso especialmente complicado, sobre todo por los conflictos que podría acarrear, por lo que resultaría difícil que la unión fiscal empezase a funcionar a corto o medio plazo. Otro gran problema lo supondría el propio blindaje del Concierto.

Por otra parte, los expertos apuntan que el caso de Navarra sería menos complejo, debido, entre otros motivos, a que en esta autonomía el gravamen del impuesto de sociedades es el mismo que en el resto de España. Igualmente sucede en Cataluña, que, pese a sus reclamaciones, no ha conseguido acordar por ahora un pacto fiscal con Madrid que le colocaría en una postura similar a la que viven vascos y navarros.

Según Redal, la situación de excepcionalidad de Navarra y el País Vasco es muy distinta de la de Canarias, que disfruta de un Régimen Económico y Fiscal Propio y aplica un Impuesto General Indirecto Canario en lugar del IVA. Esto se debe fundamentalmente a que las islas afortunadas son una de las Regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE. Por este motivo, indican los analistas, la creación de la unión fiscal no supondría cambios de gran calado en sus sistemas tributarios.

Algo parecido ocurriría en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que tampoco forman parte de la zona IVA, ni se encuentran dentro del territorio aduanero comunitario. Lo que sí se aplica es el Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI).