“La condicionalidad por el rescate no es un capricho de Bruselas”, defiende José Ramón Espínola, catedrático de Economía Política de la Universidad Pontifica de Comillas: “Lo que busca son cambios profundos en la economía española. No se trata de dar dinero y que el país que los reciba siga igual. Se trata de prestar dinero para que se hagan cambios que eviten volver a caer en errores pasados. Un ejemplo de todo esto es lo del IVA y las cotizaciones sociales”. Espínola se refiere a la subida del IVA con la bajada de las cotizaciones sociales. En teoría, el aumento de la recaudación del primero compensaba la pérdida de ingresos por el segundo. En teoría, serviría para bajar costes laborales y así poder aumentar las exportaciones, sector que impulsa el Producto Interior Bruto en estos momentos y que debe ser la obsesión del Gobierno para modificar las estructuras económicas españolas, poco pendientes del vender en el exterior en el pasado.
Esta medida fue adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sin rescate mediante. Fue una recomendación de Bruselas, pero como recordó Joaquín Almunia, comisario de la Competencia, en una ocasión, “las recomendaciones para países en la situación de España son obligaciones”. “Y una forma de imponer una serie de cambios que resultarían imposibles de implantar si se dijera que son propios, pero de los cuales se puede responsabilizar a otros”, añade Espínola.
Aún admitiendo lo acertado de algunas condiciones, el Gobierno las teme. Observa a Grecia o Portugal y se asusta. Comprueba la situación a la que han llevado los ajustes de gastos, la búsqueda de ingresos… y no está dispuesto a aceptar cualquier requisito a cambio de conseguir financiación a unos tipos más asumibles de los que paga actualmente, cercanos al 7%. “Hay que negociar”, acepta Espínola, experto en cuestiones económicas europeas, “con la cabeza. Restricciones semejantes a las impuestas a otros países son demasiado exageradas”.
No parece que se pida a España más ajustes presupuestarios: se vienen realizando desde mayo de 2010. El último será el que contemplen los próximos presupuestos bianuales, serán así a petición de la Comisión, de unos 100.000 millones de euros. “Es que si piden otro recorte de la inversión u otra subida de impuestos, mejor declaramos la quiebra del país, porque no vamos a poder vivir”, ironiza Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la Escuela de Administración de Empresas. Lago apuesta por un rediseño de lo público, una reforma del modelo de Estado, “porque en Alemania tanto organismo público y tanta contradicción entre Gobierno y autonomías les chirría”.
Y también por modificar el sistema de pensiones, aventura Lago. “Es lógico pensar eso. Nuestro sistema es básicamente uno piramidal. Los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los trabajadores de ayer. Nos pedirán que vayamos a uno de capitalización”. Este se basa en el ahorro, en que cada mes los trabajadores destinan una parte de su salario a una entidad que lo gestiona para entregarles una renta en su jubilación. Es el utilizado en Alemania. Todo es ‘made in Germany’. “Es que son ellos lo que van a imponer las condiciones”, aclara Lago.
No obstante, de momento, oficialmente, no sabemos cuáles serán esas condiciones. El mismo presidente del Gobierno insistía en que quería conocer cuáles era las exigencias antes de solicitar cualquier tipo de rescate. Porque si bien es creíble pensar en las apuntadas anteriormente, tampoco hay que desdeñar las que ‘recomienda’ el BCE en su boletín de agosto: menos prestación por desempleo, menos salarios, más privatizaciones, más innovación, más iniciativas para el ayudar al empresariado y menos beneficios para los sectores que más vinculados están al mercado interno, como las eléctricas. Señala el BCE que “todo ello exige la adopción de políticas audaces en relación con las reformas estructurales y valentía ante las presiones de grupos privilegiados y de intereses creados". Un texto escrito, pareciera, a medida de las leyes que el Gobierno quiere sacar contra las eléctricas.