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Jueves 21/08/2014. Actualizado 16:01h.

economía

LUNES, 22 DE OCTUBRE DE 2012

Demostrar las razones ‘objetivas’ de despido reduce al mínimo las indemnizaciones de 20 días por año


Según una encuesta de Fundación Sagardoy, el 94% de los despidos se producen con indemnizaciones de entre 21 y 45 días por año trabajado, debido a la dificultad de demostrar ante el juez las razones objetivas de los mismos que exige la ley de Reforma Laboral

Esther García López / Madrid
Protesta de trabajadores de una empresa afectada por un ERE / ©EP
Protesta de trabajadores de una empresa afectada por un ERE / ©EP

Una encuesta elaborada por la Fundación Sagardoy establece que el 94% de los empresarios despiden a sus trabajadores con indemnizaciones de entre 21 y 45 días por año trabajado, en vez de acogerse a las ventajas que les ofrece la nueva reforma laboral y hacerlo con indemnizaciones de 20 días de salario. Según abogados, sindicatos y expertos en Derecho Laboral esto no se debe a la “generosidad” de la patronal, sino a que para pagar esta indemnización los empresarios tienen que acogerse al despido por causas objetivas y para ello tienen que acreditar las razones de despido establecidas por la ley y, en la mayor parte de lo casos, se incumplen estos requisitos, por lo que los jueces declaran esos despidos improcedentes o nulos y los empresarios se ven obligados a indemnizar con 45 días a los trabajadores despedidos.
“Los empresarios tratan de acogerse a todas las ventajas que les ofrece la reforma laboral y la aplican masivamente, principalmente el despido objetivo para pagar indemnizaciones de 20 días en vez de 45. Por su parte, los trabajadores denuncian que estos despidos son improcedentes y la empresa se ve obligada a llegar a un acuerdo con ellos y pactar una indemnización, que suele ser de 33 días de salario por año trabajado, o a ir a juicio, cumplir los dictámenes del juez y pagarles 45 días si se declara despido improcedente”, afirma el abogado laboralista, Carlos Núñez.

Según los expertos, conseguir que un juez apruebe un despido por causas objetivas no es fácil. Exige unos requisitos formales que hay que cumplir y el empresario tiene que demostrar ante el juez que los cumple. Las cuatro causas principales para alegar un despido objetivo son: la ineptitud del trabajador, falta de adaptación a las modificaciones técnicas operadas en el puesto de trabajo, faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos en un periodo de 12 meses y, por último, cuando exista necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo de número inferior a los previstos en el despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Esta última es la causa más alegada por los empresarios en este tipo de despidos.

“Un juez comprobará si se cumplen o no estos requisitos y si no se cumplen declarará despido improcedente”, afirma Carlos Núñez, quien reconoce que los jueces están “muy atentos” a estos casos porque hay empresarios que, aprovechando la coyuntura, hacen despidos objetivos “injustos, montándose en el carro de la crisis y aprovechando la posibilidad que ofrece la ley”.

Aumentan las denuncias

La aplicación incorrecta por parte de los empresarios de la reforma laboral está generando un aumento de las impugnaciones de los despidos ante la Jurisdicción Social, según reconocen fuentes de Comisiones Obreras. “Cada día son más las sentencias que están dando la razón a los trabajadores, dejando claro que, al no existir autorización administrativa previa, es la empresa la que asume la responsabilidad de la gestión del procedimiento de despido por lo que aumenta el incumplimiento de los requisitos de forma a los que está sometido el procedimiento”, señala el sindicato.

Los conflictos tramitados en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) fueron 243 en todo 2011, frente a los 215 que se han producido en los seis meses que lleva vigente la reforma laboral. Mientras que los procedimientos relacionados con la reestructuración de empresas han sido 65, frente a los 48 de todo 2011.

A pesar del ‘aprovechamiento’ que están haciendo los empresarios de la reforma laboral, “no es tanto como se esperaba”, reconoce Juan Antonio Jiménez, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Nebrija. Esto es debido a que la mayoría de las empresas están “a la expectativa” para ver cómo los jueces interpretan y aplican esta reforma en casos concretos. A su juicio, el tema fundamental es cómo se justifican esos despidos. “Hay que tener en cuenta que el 90% del tejido empresarial español está compuesto por Pymes que muchas veces no cuentan con los medios para afrontar un peritaje o auditoría que avalen las pérdidas en la empresa, factor fundamental para que se declaren procedentes los despidos objetivos”. Esta carencia es la razón de que en “multitud de casos se declaren improcedentes los despidos”. También asegura que el motivo primordial por el que no se da la razón al empresario en los despidos objetivos es porque el juez entiende que no se ha justificado suficientemente bien o que no se han dado suficientes garantías de credibilidad para poder dictar una sentencia en la que se declare probada la adversa situación económica de la empresa que fundamenta la necesidad de amortizar puestos de trabajo.

Un 48,6% más de ERE

Otra de las consecuencias que ha tenido la aprobación de la reforma laboral ha sido el aumento de trabajadores afectados por procesos de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los ERE comunicados y autorizados durante el primer semestre de 2012 fueron 221.188, lo que supone un crecimiento del 48,6% con respecto al número registrado en el mismo periodo del año anterior.

Juan Antonio Jiménez cree que tras los 6 meses de vigencia de la reforma laboral las empresas siguen optando por el despido como “vía para capear el temporal” y, dado que la reforma ha suprimido la necesidad de que el empresario recabe la autorización administrativa para emprender despidos colectivos, el número de los mismos fundamentados en causas económicas suponen el 50% de los despidos que se operan, frente al 10% de antes.


Por su parte, José Luis Fernández, secretario de Comunicación de USO, señala que el incremento del número de ERE solicitados y comunicados desde que se aprobó la reforma ha crecido “enormemente” y que cada vez son menos los empresarios que reconocen el despido improcedente. “Son los jueces los que, cada vez más, sentencian la improcedencia de esos despidos dando la razón a los trabajadores. Esto está produciendo un incremento de las demandas ante los tribunales”.

Otras medidas incluidas en la reforma laboral a las que los empresarios se están acogiendo son: la movilidad geográfica, un 18%; la movilidad funcional (40%), el descuelgue de convenios, que consiste en no aplicar lo pactado entre patronal y sindicatos (9%), la flexibilidad de horarios (53%) y la reducción de salarios (44,9%).

Según José Luis Fernández, cuando una empresa tiene una necesidad real de bajar los salarios para salvar la compañía, los trabajadores pactan una reducción de sus sueldos con el empresario de forma voluntaria. Esta voluntariedad desaparece, a su juicio, con la reforma laboral, ya que “ha roto el equilibrio de la capacidad negociadora entre empresas y sindicatos”.

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