
La vena trágica de nuestro país aflora siempre con extremada facilidad cuando arrecia la crítica social o la prensa canallesca descubre algún entramado delictivo y, con las reservas y los presuntos imprescindibles, lo pone negro sobre blanco.
Es en ese momento cuando se comienza a hablar de ‘juicios paralelos’, de ‘crucifixiones’ y de cómo y quién resarcirá al presunto corrupto o delincuente en el caso (siempre posible, por supuesto) de que la información sea infundada.
Recuerden el caso Urdangarin, por más reciente, en sus comienzos.
Cuando se informa de actos que pudieran ser indicio de delito, el guirigay es comprensible, aunque pocas veces el tiempo les da la razón. Es comprensible, sobre todo, si tras la denuncia se esconden intenciones políticas escasamente claras.
Pero cuando lo que se publica es sobre una posible falta de profesionalidad, o sobre no haber seguido los cauces prescritos para una determinada actuación, y se piden explicaciones por hechos que ya no tienen remedio el guirigay resulta tragicómico y es en sí mismo un camuflaje.
Esto viene a cuento de la próxima (esperemos) comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Congreso, para dar cuenta de la actuación del Banco de España en el ‘affaire’ Bankia. Comparecerá a petición propia, lo que le honra. Pero rápidamente Rubalcaba ha salido a la palestra para –estando de acuerdo con el hecho– aclarar que “no se trata de buscar culpables” ni de “hacer crucifixiones”.
‘Excusatio non petita, acusatio manifiesta’. Podía escribirse el tópico y aquí está, escrito.
Nada de crucifixiones, de acuerdo. Pero, si se trata de buscar errores –de quien sean–, de aclarar circunstancias y, en su caso, falsedades. Los intereses del país y los de 400.000 accionistas han sido gravemente perjudicados.
Mal vamos si, como ocurre en el 99,9% de los casos, es la prensa y la opinión pública la que tiene que conseguir que se sigan las más elementales formas de auditoria en la gestión.