Secuestrar españoles en África, un negocio para piratas y yihadistas de hasta 8 millones de euros

Por los tres cooperantes liberados la semana pasada se habrían pagado entre 2 y 3 millones de euros. Dicha cifra, adelantada por varias agencias de noticias norteafricanas, resulta bastante creíble, según apunta Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y colaborador del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES).

No obstante, esta suma es muy inferior a la desembolsada por los tres miembros de la ‘Caravana solidaria’ secuestrados en 2009 por Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Fuentes oficiales del Gobierno argelino indicaron en su día que, a cambio de su libertad, España había entregado a los terroristas 8 millones de euros. Esta sería la cuantía máxima abonada hasta la actualidad.

Piratas, terroristas y bandidos

Por debajo de esa cifra se hallarían los rescates que supuestamente se habrían pagado por las tripulaciones de los barcos capturados por las bandas de piratas que actúan en Somalia y en el Golfo de Guinea. En teoría, por el pesquero ‘Playa de Bakio’, apresado en 2008, se pagaron al menos 1,2 millones de dólares (cerca de un millón de euros). El caso más controvertido, el del atunero ‘Alakrana’, se habría saldado con un maletín que contenía 4 millones de dólares (unos 3 millones de euros).

En el interior de Somalia los secuestros se han cebado especialmente en los cooperantes que trabajan en los campos de refugiados. Entre estos últimos se encuentran Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, de la ONG Médicos Sin Fronteras, capturados presuntamente por una banda afín a los yihadistas de al-Shabab, y en cuya liberación continúa trabajando el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según Echeverría, las intenciones de los secuestradores varían radicalmente si se trata de delincuentes, centrados esencialmente en el dinero, o de terroristas, que además del rescate suelen exigir que se saque de la cárcel a alguno de sus correligionarios.

‘¡Emboscada!’

“La mayoría de los cooperantes que trabajan en África tiene ninguna o escasa protección”, afirma José Manuel Ruiz, director del Departamento de Riesgos Empresariales de Anthelex International, una compañía especializada en prevenir los posibles riesgos que puedan amenazar a la seguridad de los expatriados que trabajan para alguna de las multinacionales españolas. “En estos países –subraya– deberían estar asistidos por el ejército o las fuerzas de seguridad, tal y como se hace en Argelia, donde los empleados de las empresas extranjeras son acompañados por la gendarmería”.

Casi todos los españoles secuestrados lo fueron mientras se desplazaban por carretera. Los vehículos en los que viajaban fueron atacados o interceptados a punta de pistola. Para tratar de actuar con la mayor inmediatez posible en estas situaciones, la ONG Médicos del Mundo ha puesto en marcha un procedimiento en el que exhorta a sus trabajadores a enviar un mensaje a través del móvil con la palabra ‘¡Emboscada!’ antes de huir o ser apresados.

En cuanto se tenga conocimiento del secuestro, los especialistas recomiendan que la primera actuación sea ponerse en contacto con la embajada española y las autoridades del país, por más que los secuestradores insistan en lo contrario. El siguiente paso consistiría en crear pequeñas células de gestión de crisis, una en la sede de la organización y otra en el país en el que se ha producido el rapto. A partir de ese momento se puede optar por dos vías: liberar a los rehenes por la fuerza, con lo que se podría poner en peligro sus vidas, o apostar por la negociación. Si se elige esta opción, la más utilizada, hay que recurrir a los mediadores.

El lucrativo mundo de los intermediarios

Como explica Ruiz, la figura del intermediario resulta fundamental en las negociaciones. El aumento de los secuestros ha hecho que se incremente a su vez el número de personas que se dedican a la mediación, sobre todo en el Sahel. En Burkina Faso, este papel está siendo asumido con frecuencia por funcionarios locales, señala Echeverría. Así, son muchos los que empiezan a vivir de un lucrativo negocio que les permite obtener miles de euros.

La industria de los secuestros está especialmente arraigada en Somalia. Según un informe de la ONU, en 2011 había en este país unos 25 negociadores, que utilizaban el inglés como lengua de trabajo. Muchos de ellos, que se presentaban a sí mismos como “consultores” contratados por los grupos piratas, podrían haber trabajado o estudiado en el extranjero, lo que les habría permitido crear redes de contactos en Europa y Norteamérica. Los honorarios de algunos de ellos ascenderían a cerca de medio millón de dólares al año.

También existen mediadores que no están vinculados directamente a los piratas. Esto no les ha impedido consolidar su reputación, como sucede con el keniano Andrew Mwangura, cuya vida podría convertirse pronto en el argumento de una película de Hollywood que protagonizaría el actor Samuel L. Jackson. Pero, aunque pueda traer consigo fama y fortuna, ese trabajo resulta especialmente peligroso. Tal y como recuerda la ONG vasca MunduBat, a la que pertenece Eric Gonyalons, uno de los intermediarios que participó en el rescate de los tres cooperantes resultó asesinado poco después del inicio de las negociaciones.

Un acto ilegal

La negociación de un rescate suele ser un proceso largo, en el que las discusiones se prolongan por medio de largos períodos de silencio, y en el que no resulta raro que se formulen amenazas contra los rehenes. Por lo tanto, y según insiste el Ministerio de Asuntos Exteriores, resulta fundamental mantener la discreción hasta que los prisioneros se encuentren a salvo. Aunque empresas como Anthelex están preparadas para llevar a cabo operaciones de evacuación, hasta la fecha la repatriación de los rehenes ha estado a cargo del Estado español, apunta Ruiz.

La discreción del Gobierno es más que obligada si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la legislación internacional, el pago y la intermediación en la entrega de los rescates son actos ilegales. Y, como apunta el doctor en Derecho y colaborador del grupo de consultoría Atenea, José Luis Bazán, en España constituye un delito punible como forma de cooperación con asociaciones ilícitas o terroristas.

Por este motivo, no es de extrañar que muchas actuaciones se hayan llevado con el mayor secreto, como sucedió en el secuestro del ‘Alakrana’. En su declaración ante la Audiencia Nacional, el patrón del barco aseguró que las negociaciones habían sido realizadas por un enigmático personaje que se identificó a sí mismo como ‘Pepe, de los misteriosos’. Con todo, en su sentencia el tribunal estimó que el rescate había sido llevado a cabo por “organismos públicos vinculados al Gobierno español”.

Sin embargo, esto parece no afectar a algunas consultorías de seguridad francesas y anglosajonas, para las que la mediación en los secuestros resulta especialmente fructífera. Una de las más destacadas, señala Bazán, es la británica Control Risks, que en 2010 obtuvo beneficios superiores a los 100 millones de euros. Ese mismo año, el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido afirmó que el pago de rescate a piratas no era ilegal ni “contrario al orden público”.