El sistema de escuchas ilegales GI2 es indetectable y puede grabar cuatro conversaciones a la vez

Lo denunció la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, en el verano de 2009 y muchos no creyeron sus palabras. Se están produciendo “escuchas telefónicas ilegales” a líderes del Partido Popular. Tres años después, este lunes, el diario El Mundo hizo público que la Brigada de Delincuencia Económica, que investiga una posible trama de concesiones ilegales a la empresa Interligare, en su rastreo de las cuentas de la sociedad ha encontrado información sobre un posible espionaje a miembros del Partido Popular.

La empresa española, presidida por José Luis Martín Juárez, amigo del ex ministro José Blanco, está siendo investigada por concesiones de proyectos y subvenciones desde el ministerio del Interior (cuando Rubalcaba era ministro) a personalidades que fueron relevantes, según el medio de Unidad Editorial. El vicepresidente de la consultora de “inteligencia y seguridad”, Gabriel Fuentes, perteneció al Gabinete de Juan Alberto Belloch, ex comisario general de Información.

En el mercado desde 2008

La empresa alquiló en 2009 dos pisos en la madrileña calle de Génova, solo a 12 metros de la sede del Partido Popular en el número 13. Este dato levantó las sospechas sobre una tecnología de última generación que se utiliza para intervenir comunicaciones de forma ilegal y que lleva en el mercado, al menos, desde 2008. Verint Engage GI2, unos ‘maletines’ o ‘mochilas espía’ móviles que fabrica la compañía israelí, Verint y que cuestan alrededor del millón de euros. Utilizar este mecanismo es ilegal, según confirman fuentes de la Policía Nacional, “como cualquier otro sin la autorización de un juez”, explican.

El PP sospechó desde el principio que la tecnología que se estaba utilizando para escuchar sus conversaciones era el Sistema Integral de Intercepción de Comunicaciones Telefónicas (Sitel), pero la información publicada apunta al dispositivo de Verint, como el que se utilizó para grabar las conversaciones privadas. Así lo reconocen los investigadores. Estos aparatos funcionan en un radio máximo de 500 metros del lugar dónde se encuentran los dispositivos móviles de tecnología GSM (la tecnología digital de los teléfonos de segunda generación). De ahí que los locales cercanos a Génova levantaran las sospechas policiales.

Mientras el sistema Sitel requiere una clave policial para funcionar, el GI2 de Verint no deja rastro. Este sistema permite un seguimiento completo de todo el tráfico de datos GSM, incluidos el control de voz, los mensajes de texto y el tráfico de fax, según la descripción de la propia empresa. Todos los datos se almacenan automáticamente en el receptor y pueden recuperarse de manera selectiva en diversas bases de datos para su uso posterior. El sistema es indetectable e intercepta hasta cuatro conversaciones en tiempo real mediante un decodificador que lleva integrado.

Consecuencias penales

De ser cierta la información “existirían aparatos no controlados por las autoridades capaces de interceptar comunicaciones de teléfonos móviles GSM, incurriendo en el delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal”, indica Miguel Ángel Gallardo, criminólogo e ingeniero especializado en seguridad informática-telemática y criptografía, en una carta remitida al secretario de Estado de Telecomunicaciones a propósito de la publicación.

El artículo 197 del Código Penal recoge penas de prisión de uno a cuatro años y multas de doce a veinticuatro meses para aquel que intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, recoge Gallardo en otro documento.

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