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Sábado 23/08/2014. Actualizado 05:32h.

política

MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE DE 2013

Los sindicatos estudian convocar huelga de funcionarios para febrero de 2014


CCOO, UGT y CSI-F temen más despidos y recortes de sueldos por los posibles cambios en los Presupuestos y de la reforma local. En los dos próximos años podrían perder su trabajo otros 130.000 empleados públicos; el poder adquisitivo de los funcionarios ha caído el 16% desde 2010

David González / Madrid
Los sindicatos estudian convocar huelga de funcionarios para febrero de 2014

Los funcionarios se rebelan contra los nuevos recortes contenidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2014. Tal y como han explicado a ARNdigital fuentes de estas organizaciones, los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F están estudiando la posibilidad de convocar una huelga en la Administración para febrero del año que viene. Sería la primera que se produce en el sector público desde las protestas de septiembre de 2012 contra la supresión de pagas aprobada por el Gobierno dos meses antes. Ahora, los sindicatos temen que, además de la congelación de sueldos, haya modificaciones presupuestarias que supongan más rebajas salariales. Y que la reforma local, cuya entrada en vigor se prevé para el próximo mes de enero, traiga consigo más destrucción de empleo público.
“Los recortes del Gobierno están poniendo a la Administración en una situación muy preocupante”, afirma María del Carmen Barrera, secretaria de Acción Sindical de la Federación de Asuntos Públicos de UGT. “No obstante”, matiza, “solo iremos a la huelga como último recurso”. 

Negociaciones bloqueadas


Antes de dar ese paso, los sindicatos de funcionarios emprenderán una serie de movilizaciones encuadradas en las protestas que UGT, USO y CCOO llevarán a cabo a su vez a partir del próximo mes de noviembre. De esta forma, y tal y como explica César Pérez, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, esperan que el Ejecutivo se decida a negociar con ellos y no aplique más recortes.

El problema, en su opinión, es que las negociaciones con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas “están bloqueadas”. “La semana pasada, cuando nos convocaron para decirnos que mantendrían la congelación de salarios, nos citaron a las cinco y diez de la tarde. Cinco minutos después ya habían emitido un comunicado en el que anunciaban que los sueldos seguirían congelados en 2014”, señala.

¿470.000 despidos?

Los sindicatos piensan dedicarse hasta finales de año a “estudiar la letra pequeña de los Presupuestos”. Y es que, a su juicio, el futuro de la Administración depende de la evolución de la prima de riesgo y de las condiciones en las que el Tesoro consiga captar financiación durante el próximo trimestre. Lo mismo cree el profesor de la escuela de negocios EAE, Juan Aitor Lago, que indica que, si España vuelve a tener problemas en los mercados, el Gobierno tratará de reducir sus gastos a base de más ajustes sobre los empleos públicos, que se podrían incorporar a los Presupuestos por medio de enmiendas o leyes de acompañamiento. “En este escenario”, señala Lago, “es muy probable que los funcionarios tengan problemas para cobrar la extra de Navidad de 2013”.

Además, si los sindicatos están analizando la posibilidad de ir a la huelga en febrero de 2014 es porque la reforma local supondrá, según CSI-F, la pérdida de entre 110.000 y 115.000 empleos en los ayuntamientos. Por otro lado, se calcula que, pese al impacto que esto podría tener de cara a las elecciones generales, el Gobierno podría despedir, como máximo, a otros 4.000 empleados públicos en 2015. Si estos recortes se suman a la reducción de plantilla prevista para 2014, que afecta a otros 13.435 puestos de trabajo, se obtiene que en los dos próximos años podrían perder su empleo cerca de 130.000 personas.

Ahora bien, esta suma se añadiría a los otros 342.000 despidos que se han efectuado entre enero de 2011 y junio de 2013, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa y los datos del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La mayor parte de dichos despidos, unos 200.000, han afectado al personal laboral y eventual de la Administración y las empresas públicas. Así, se calcula que, en total, es posible que en 2015, 470.000 empleados públicos hayan sido despedidos desde que comenzaron los recortes, lo que equivaldría a cerca del 25% de los 2,6 millones de funcionarios que a día de hoy trabajan en España.

Menos poder adquisitivo

Pero, por otra parte, el número de empleados públicos se está reduciendo también a causa del mantenimiento de la tasa de reposición cero durante tres años consecutivos en la oferta de empleo público. Según fuentes próximas a la Secretaría de Estado, se pretende que a partir de 2013 se convoquen regularmente cada año oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración, pero no para los niveles inferiores.

Se calcula que la media de edad de los empleados públicos es de 55 años, y que solo en 2014 se jubilen 50.000 funcionarios. Para la presidenta de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), Elena Vicente, esta pérdida de puestos de trabajo no se cubrirá contratando a más funcionarios, sino que se tenderá cada vez más a “privatizar la Administración contratando servicios con empresas privadas”. Y todo ello en un momento en que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, los recortes en los sueldos que se han venido efectuando desde 2010 han generado un ahorro de 33.000 millones de euros para las arcas públicas, pero a costa de una merma del 16% del poder adquisitivo de los funcionarios.

Seguimiento limitado

Con todo, muchos dudan del alcance que pueda tener una posible huelga, a la vista del limitado seguimiento que tuvieron las protestas del 8 de junio de 2010 y del 12 de septiembre de 2012, en las que participaron cerca de 300.000 funcionarios.

Según Gonzalo Gómez, investigador del departamento de Economía de la escuela de negocios IESE, el efecto económico de estas huelgas “fue mínimo”. En este sentido, algunas estimaciones señalan que el impacto es “de unos pocos millones de euros”. Algo similar opina Juan Aitor Lago, que sin embargo matiza que el daño “puede ser mucho más importante” si, tal y como ha sucedido en Grecia y Portugal, la mayoría de los funcionarios secundan la huelga y hacen “que el país se paralice”.

Pero, además, según Lago “una huelga de funcionarios será en todo caso muy negativa para la imagen de España y de su economía en un momento como el actual”. Lo mismo afirma María del Carmen Barrera, que, por otro lado, considera que una protesta de este tipo solo tendrá éxito “si concurren a ella todos los sindicatos”. De momento, los recelos que CCOO y UGT mantienen hacia CSI-F, que no secundó la huelga general del año pasado, constituyen un obstáculo bastante difícil de salvar.

Lea también: Montoro asegura que era necesario destruir 300.000 empleos públicos

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