Entraba al juicio condenado y se han cumplido las quinielas. Así acaba la carrera judicial de Baltasar Garzón, un juez que ha marcado un antes y un después en la judicatura española. Un referente en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad al que le han cortado las alas porque quiso investigar la corrupción que anidaba en el que entonces era el principal partido de la oposición y ahora está en el Gobierno.
La osadía le costó una querella, la segunda, después de la que se presentó por la investigación de los crímenes del franquismo. Después llegaría una tercera por haber impartido unos cursos en la Universidad de Nueva York, patrocinados por importantes empresas españolas. La operación estaba en marcha y la cuenta atrás para despojarle de la toga había comenzado.
Las tres causas avanzaban y el cerco se estrechaba sobre Baltasar Garzón. La opinión pública nacional e internacional no entendía que se sentara en el banquillo por haber investigado la represión franquista, así que este sumario empezó a perder fuelle y terminado el juicio solo falta que se notifique la sentencia absolutoria. Investigar unos cursos de Nueva York patrocinados por Emilio Botín, Francisco González, César Alierta o Manuel Pizarro tampoco es fácil, y ese globo sonda ha terminado por deshincharse hasta acabar en un presunto delito de cohecho pasivo que solo lleva aparejada una multa.
Así las cosas, el caballo ganador era la causa por la intervención de las comunicaciones en prisión entre los jefes de la trama Gürtel y algunos letrados. El Partido Popular y sus palmeros no le iban a perdonar la afrenta de haberles investigado.
El Tribunal Supremo había llegado demasiado lejos como para perdonarle la vida, como para celebrar tres juicios y terminar absolviéndole. “Ir pa´ná es tontería”, como me dijo un prestigioso catedrático de Derecho Penal. Los que asistimos al juicio terminamos con la misma conclusión. No le condenarían si no fuera Baltasar Garzón, pero, como dijo el maestro José Martí Gómez, “se puede confiar en el Derecho pero desconfiar de la Justicia”.
Ahora nos toca explicar a la opinión pública internacional que en España los presuntos corruptos resultan absueltos por un jurado popular y que los presuntos cabecillas de una trama de corrupción que han obtenido millones de euros en mordidas por contratos con la Administración Pública pueden sentar al juez que les investigó en el banquillo y conseguir que le expulsen de la carrera judicial durante 11 años. A sabiendas de que ese dinero sigue a buen recaudo en paraísos fiscales.